miércoles, 17 de diciembre de 2008

Crisis del sistema de eduacion

INTERVENCION DEL SENADOR OMINAMI
EN SESION SOBRE LEY GENERAL DE EDUCACION


Quisiera comenzar esta intervención con una reflexión personal. Yo soy hijo de la educación pública, y a mucha honra. Estudié en el Instituto Nacional y en la Universidad de Chile. Y esto me compromete. Este no es para mi un debate puramente técnico. Tiene, por cierto dimensiones técnicas importantes pero me parece que no son las más relevantes. Hay aquí cuestiones políticas, valóricas y culturales fundamentales que están involucradas en esta discusión.

Quiero decir que el jueves pasado participé en un emocionante homenaje a las víctimas del golpe de estado, ex alumnos del Instituto Nacional. 34 caídos, 10 detenidos desaparecidos. Esto lo traigo a colación, no es para emocionar a nadie, sino que me parece un hecho extremadamente relevante para la discusión.

El instituto Nacional, durante muchos años el colegio más prestigioso del país, el foco de luz de la nación, según dice su himno, tiene probablemente más víctimas que cualquier otro colegio, y eso no es por casualidad, es un por una razón muy precisa de la cual se ha hablado poco en este debate. La razón es la siguiente: junto a la excelencia académica que expresó el instituto, y aún expresa con mucha dificultad, con un colegio me tocó hacer parte de mis estudios que se inauguró entre los años 1963-64, y que todavía no se consigue terminar. No obstante eso, fue capaz de expresar la excelencia académica, era un colegio en el cual se impartía educación para la democracia, educación para la república.

Esta educación para la república tiene que ver con la misión que se le asignó al Instituto Nacional desde su fundación, en 1813. Este es un colegio que surgió prácticamente con la independencia, y de alguna manera sin forzar demasiado ese argumento, uno pudiera decir que es forjador de la independencia. La verdadera independencia de Chile se consolidó en 1818, y de ese punto de vista, el Instituto Nacional es anterior a la independencia de Chile.

Y fue un cura, Fray Camilo Enríquez, el que definió cual era su misión al momento de su fundación. Dijo que el gran fin era dar a patria ciudadanos que la dirijan, la defiendan, la hagan florecer, y le den honor. Yo siento que prácticamente ningún colegio hoy tiene una misión de este tipo, y esto remite a una cuestión muy de fondo. Este debate tiene que ver con algo de lo cual nosotros somos partes: la formación de las elites gobernantes en el país, y por eso que saca tantas ronchas.

Acá hay un dilema. La república se construyó sobre la base de lo que uno pudiera llamar un cierto elitismo, pero elitismo republicano, del mérito. Lo que entrábamos al Instituto Nacional no entrábamos por dinero, salvo algunos pocos por cuñas. Entrábamos porque dábamos un examen, no necesitábamos ser ricos para entrar al Instituto Nacional, necesitábamos simplemente ser esforzados, tener padres que nos hubiesen incentivado en la educación, y haber podido dar un buen examen de admisión, y eso tiene que ver con la meritocracia y no tiene que ver con el crudo poder del dinero. Hoy usted no da examen de admisión, sino a comprar educación.

No es por casualidad y no quiero levantar polémica artificial. Si uno hace el análisis de la composición del Senado, se dará cuenta que en las bancadas de la oposición, excluyendo a la bancada de senadores independientes, hay sólo 2 o tres senadores que pasaron por la escuela pública. Pasó por la educación pública el senador García Ruminot, que estudió en Temuco; y el senador Pérez Varela, que es ex alumno del Lastarria. El senador Allamand aparece e n todo caso inscrito en la página web del senado en el Saint George, que yo sepa no es un colegio público. Y un tercero, el senador Procurica, que efectivamente como consigna la página del senado, pasó por el Liceo de Hombres de Vallenar, aunque al final terminó en la Scuola Italiana de Santiago, sino me equivoco.

No es por casualidad, porque estamos hablando que es muy central, el sistema de valores de la elite del país. A propósito de esto, me decepcionó el senador Longueira. Yo pensé que por su carácter plebeyo iba a ser alumno del Inba o Lastarria, pero bueno pasa, viene de los Jesuitas. Pero, culturalmente, la dirigencia de la oposición tiene poco que ver mayoritariamente con la educación pública; y tampoco tienen que ver con la historia republicana de este país; no tienen que ver con el Inba, con el Instituto Nacional, colegio que le dio a esta nación más de 15 presidentes, simplemente para citar algunos de los más conspicuos por sus apellidos mencionemos a: Manuel Montt; Federico Errázuriz Zañartu; Federico Errázuriz Echaurren; Germán Riesco; Pedro Montt; Jorge Alessandri Rodríguez; y esto para no citar los casos de Salvador Allende y Ricardo Lagos Escobar.

Una iniciativa de Ley General de Educación que no se refiera a la educación pública, que para decirlo lo más elegantemente posible, un contrasentido. La educación chilena es cierto tiene muchos problemas, la calidad es globalmente mala, incluso la calidad de los buenos colegios no se compara favorablemente con la calidad promedio de los establecimientos de otros países del mundo con los cuales nos gustaría compararnos.

Pero, el principal problema de la educación chilena, es finalmente su transformación en un gran negocio, eso hace que los profesores no tengan la motivación que debieran tener y que no tengan el liderazgo que debieran tener. Cuando el sistema no estaba fundamentado en el lucro funcionaba con valores distintos, y eso es lo que hace falta.

Yo creo, y en esto voy a contradecir fuertemente lo que dijo el senador Larraín, hay que preocuparse por la educación pública; yo creo que derechamente hay que privilegiarla; esa es la educación de la república, es ahí donde van los niños más modestos de Chile. La educación pública es la única susceptible de garantizar un mínimo de igualdad, por lo menos en el colegio. Eso ocurría en mi colegio, iban muchos niños de clase alta, de hogares muy ricos, peor convivíamos con niños pobres y muchos de clase media. No vivíamos en este apartheid social que se ha constituido en Chile.

Al plantear esto se dice que se está discriminando en contra del 1.600.000 niños que están en la educación particular subvencionada. Esto no es cierto, esos niños no están ahí por voluntad, están ahí porque están arrancando de la educación pública, porque no les da la mínima calidad que ellos necesitan. Duele el alma ver como las familias pobres pagan lo que no tienen para arrancar de la educación pública. Eso no era así, una república decente no se construye de esa manera.

Creo que es realmente muy grave que esto ocurra así. Cuando se dice que no tiene que haber aquí un tratamiento no discriminatorio. Pero como va a ser lo mismo la escuela de la república que el negocio del sostenedor privado. Esto es una deformación chilena. Esto no pasa en ningún país del mundo. En Estados Unidos más del 90% de la matrícula es de la educación pública; otro tanto en Australia, Francia, Alemania. De cuando acá el estado será neutral respecto de los establecimientos que genera; de cuando acá el estado será neutral respecto de la educación republicana.

Yo voy a votar en contra, y lo digo no con satisfacción. Le pido excusas a la Presidenta de la República. Esta es la segunda vez que voy a votar en contra de un proyecto importante del Gobierno. La primera vez fue respecto del proyecto de depreciación acelerada, que se suponía era la gran panacea para los problemas de la economía. Lo rechazamos acá y después nunca nadie hablo de él.

Voto en contra porque este proyecto no se refiere a lo esencial que es el desplome de la educación pública. Voto en contra porque acá no hay nada sobre educación superior, y es un pendiente de la transición a la democracia; no hemos legislado sobre educación superior, mantenemos los mismos porcentajes de asignación de recursos establecidos arbitrariamente durante la dictadura militar. Con ello se ha distorsionado gravemente el sentido de la universidad. Lo que tenemos hoy son guetos, de apartheid. Estos circuitos que se han constituidos entre el colegio Cumbres, la universidad de Los Andes, la universidad Del Desarrollo, ustedes creen que son buenos para esos niños? A esos niños no los están preparando para la vida, les están haciendo también un daño al no mezclarlos con los niños pobres y de clase media, son niños que no conocen el centro de Santiago. La universidad es eso, algo amplio donde coexisten distintas visiones. Cuando uno aquí tiene que tener la universidad de los masones y la universidad del Opus Dei, está contradiciendo el sentido mismo de la universidad y no hablar esto en una ley general de educación es inadmisible.

Voto en contra porque el llamado acuerdo es inequitativo. Están principalmente los temas que le interesan a la derecha. No fui nunca partidario de este acuerdo; Voto en contra porque no quiero que se abuse de mi buena voluntad como ocurrió con la llamada reforma provisional, en la cual presenté indicaciones y dije expresamente que no era una reforma como tal.

Voto en contra porque se avanza poco, pero como contrapartida se consolida el lucro y se privilegia la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación. Aprobado este proyecto, los privados podrán continuar abriendo cuantos colegios quieran.

Voto en contra porque el proyecto de fortalecimiento de la educación pública no es una buena iniciativa y es un saludo a la bandera porque la derecha no lo aprobará.

Voto en contra porque prefiero dejar abierto este tema que algunos quisieran dejar cerrado con un mal recuerdo. Y cuando este tema se abra, se podrá decir que hubo un grupo de senadores, hoy día minoritarios, que resistió la lógica del consenso y de un acuerdo inequitativo que no será uno del que el país pueda en el futuro enorgullecerse. Voto que NO.

El fin de las AFP

El fin de las AFJP
Por Manuel Riesco*


El proyecto del gobierno de la Presidenta Kirchner ha eliminado las AFJP. Si el congreso -donde el PJ tiene mayoría y ya han anunciado su posible apoyo los socialistas y radicales- aprueba el proyecto, se reimplantará un único sistema previsional a cargo del Estado. Los afiliados y los fondos van a ser transferidos al sistema público. El traspaso será voluntario en el caso de los ahorros voluntarios y depósitos convenidos. Los años cotizados en la AFJP serán sumados a los efectuados en el sistema público.
Las jubilaciones se calcularán según la fórmula vigente en este último, que asegura una tasa mínima de reemplazo de 66% o mayor al grueso de los jubilados. En el caso de las personas con retiro programado de las AFJP, se les garantizará de por vida el mejor beneficio que hayan obtenido el 2008 y se revisará cada dos años según la fórmula aprobada recientemente por el parlamento para quienes se cambiaron voluntariamente de sistema.
Las rentas vitalicias seguirán cobrándose a través de las compañías de seguros puesto que se trata de contratos irrevocables.
Para administrar los fondos se crea una comisión bicameral con participación de trabajadores y empresarios para cautelar que sean bien administrados. A las AFJP que lo demanden se les va a reconocer como máximo su capital social, pagadero en bonos del Estado.
En otras palabras, el gobierno Argentino se ha hecho cargo de la administración los fondos para evitar que sigan dilapidando en la ruleta de los mercados financieros y a cambio ha garantizado a los cotizantes una pensión vitalicia definida, de por vida, y de un monto muy decente en relación al salario que ganan en la actualidad.
En el caso de los chilenos que quieren obtener una renta vitalicia, igualmente tienen que traspasar la propiedad de la totalidad de sus fondos, pero a una compañía de seguros. Con la diferencia que éstas le otorgan una pensión incierta -depende de cuanto haya subido o bajado el fondo y la tasa de interés en la bolsa y en cuanto se estime la esperanza de vida - y que resulta muy inferior, especialmente en el caso de las mujeres.
Aparte de ello, las aseguradoras privadas a las cuales los chilenos con pensión vitalicia traspasaron sus fondos están todas en falencia en la actualidad. AIG la mayor del mundo debió ser intervenida por el gobierno de los EE.UU. hace pocas semanas, ING, la que es además propietaria de la AFP Capital, tuvo que ser nacionalizada parcialmente hace dos días por el gobierno holandés. Metlife y Principal otras dos de las que se quedaron con los fondos de decenas de miles de pensionados chilenos, están al borde de la quiebra y en ambos casos han perdido más de un 75% de su valor bursátil en pocas semanas.
El gobierno de la Presidenta Kirchner ha demostrado nuevamente la decisión que caracterizó al gobierno del Presidente Kirchner de intervenir en forma decidida mercados que se encontraban completamente paralizados, desbocados y distorsionados. Así sacaron a Argentina de la crisis del 2001. Así han cortado ahora el nudo gordiano de las AFJP. Terminaron con ellas y restablecieron un sistema previsional público de reparto cuyas características son similares a las que operan desde hace mas de un siglo en los principales países del mundo y proporcionan a sus ciudadanos pensiones definidas, de por vida y dignas. A pesar que en muchos casos se trata de poblaciones mucho más maduras que la argentina o chilena, que son bastante jóvenes.
La Presidenta Kirchner ha dicho además que se trataba de un sistema abusivo, expoliador. Tiene razón. Los resultados de la privatización de la previsión chilena avalan claramente esa opinión. Desde 1981 las AFP han venido descontando el 13% de los salarios a todos los trabajadores chilenos. Según la información disponible en la SAFP, hasta el 2006, dichas cotizaciones sumaban 27,3 billones de pesos de este último año. En el mismo período, las AFP y las compañías de seguros, generalmente relacionadas con ellas, se habían embolsado comisiones y primas netas de beneficios pagados, por un total de 9,3 billones de pesos.
Es decir, los administradores del sistema se han quedado con uno de cada tres pesos cotizados. Los otros dos pesos se los traspasaron en su mayor parte a unos pocos grupos económicos en Chile -sólo 12 grupos, entre ellos los dueños de las AFP, tienen en su poder la mitad de las inversiones en el país-, y el resto lo apostaron a inversiones en renta variable en el extranjero. Hoy día, unos y otros los están perdiendo a manos llenas. Ya hay una cuarta parte que no van a devolver nunca, y en el caso del fondo B y A entre un tercio y un 40%. Y van a seguir perdiendo.
Esto no puede continuar. En lo inmediato, es imperioso que el gobierno investigue cuales son las pérdidas reales y proceda de inmediato al repliegue ordenado de los fondos a inversiones seguras en el país. Es lo que las AFP y el gobierno deberían haber hecho al iniciarse la crisis.
Cualquier persona sensata sabía que ésta era de proporciones gigantescas y que durante un tiempo largo los mercados financieros iban a estar completamente desquiciados. CENDA se los advirtió en sucesivas cartas y presentaciones desde hace un año atrás.
Cualquier padre de familia hubiese puesto esos fondos a buen recaudo. No lo hicieron, por mucho que ahora lo afirme el Ministro de Hacienda. Falta a la verdad cuando dice que las personas próximas a jubilar están protegidas: solo 7 mil afiliados mayores de 55 años tienen sus fondos a buen recaudo en el fondo E. Representan el 1% de ese tramo de edad, mientras todo el resto lo tienen en fondos que han sufrido pérdidas cuantiosas, incluyendo 73 mil mayores de 55 años que han perdido entre un tercio y un 40% de los mismos en los fondos A y B, y 246 mil que han perdido más de un 20% de los mismos en el fondo C.
Al revés, eliminaron regulaciones, permitieron que las AFP hicieran apostaran y perdieran en buena medida. No los protegieron colectivamente y al mismo tiempo les recomendaron no cambiarse de fondo individualmente, mientras ellos mismos si cambiaban los suyos al buen recaudo del E. Por esta conducta irresponsable han perdido parte significativa de los ahorros de millones de chilenos.
Resulta inevitable que en Chile se llegue muy pronto a conclusiones similares a las que llevaron a terminar con las AFJP argentinas. La crisis impone de golpe la sensatez. La idea de entregar las pensiones de millones de trabajadores exclusivamente a la capitalización individual fue siempre una locura concebida por un fanático, implementada a la fuerza por una dictadura, y aprovechada por un pequeño grupo de grandes conglomerados financieros que profitaron a manos llenas durante treinta años.
Mientras tanto, ya el Estado ha debido hacerse cargo del 60% de menores ingresos que no iba a recibir de este sistema pensión alguna. Ahora deberá evitar pérdidas mayores en los fondos que quedan, pero especialmente proponerse reconstruir el sistema público de reparto que garantice a todos pensiones definidas, de por vida y dignas, y al menos equivalentes a las que todavía otorga el INP a sus afiliados.
Es la tarea pendiente y hay que abordarla cuanto antes. La Presidenta Kirchner nos ha brindado una gran ayuda para lograrlo.


*Manuel Riesco
es director del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo